La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado con el fin de garantizar servicios públicos de calidad como salud, educación, agua potable y alumbrado. El objetivo de esta reforma es endurecer las penas contra aquellos que dañen la infraestructura pública o el equipo necesario para estos servicios.
El vandalismo en este tipo de instalaciones puede afectar seriamente a la población, generando la falta de agua y electricidad, y perjudicando también a sectores como la educación y la salud, lo cual va en contra de los derechos humanos.
La propuesta incluye la creación de un nuevo delito llamado “sabotaje”, con penas de 5 a 20 años de prisión, una multa de mil a 12 mil días de salario mínimo y el pago total de la reparación de los daños causados. La gobernadora destacó la importancia de abordar con determinación los retos y desafíos para asegurar el bienestar de la población.