La primera parte de la reforma se aprobรณ a finales del aรฑo pasado, pero la segunda parte se habรญa retrasado debido a la polรฉmica de la clรกusula de la “vida eterna”, que permitรญa el traspaso de votos entre partidos de la misma coaliciรณn y favorecรญa al partido Morena. El Senado aprobรณ las leyes en las que habรญa consenso y dejรณ el artรญculo para debatir en posteriores discusiones legislativas. El plan B de la reforma afecta de manera estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) y da mรกs libertad a los funcionarios pรบblicos para intervenir en las campaรฑas.
Entre las claves del “plan B” de la reforma electoral se encuentra la reducciรณn de poder del INE, ya que se obliga al instituto a eliminar unas 300 juntas distritales y se propone que haya oficinas con una sola persona. Ademรกs, se establece la reducciรณn de la estructura de las 32 juntas locales que hay en Mรฉxico, lo que implica el recorte de 262 plazas. Estas instancias son las encargadas de garantizar los derechos a la identidad, la asociaciรณn polรญtica, la igualdad y no discriminaciรณn, la secrecรญa del voto, la elecciรณn libre de representantes y gobernantes, la informaciรณn y transparencia en las elecciones, la participaciรณn en condiciones de equidad y la justicia en materia electoral.
Estas modificaciones afectan directamente al padrรณn electoral y a la cartografรญa electoral, ya que las juntas son donde se actualiza el padrรณn y se expiden las identificaciones necesarias para ejercer el voto. Ademรกs, hay una disminuciรณn de recursos para capacitar a los funcionarios de casillas y una afectaciรณn a la operaciรณn de 143 Centros de Verificaciรณn y Monitoreo encargados de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisiรณn. La reducciรณn de las juntas tambiรฉn implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso, lo que se traduce en la eliminaciรณn de mรกs de 1.500 puestos.
Por otro lado, el “plan B” de la reforma electoral implica un recorte de gastos y mรกs dinero a los partidos. Se destaca un ahorro de unos 3.500 millones de pesos, que mayoritariamente afecta al presupuesto del INE. Tambiรฉn se obliga una retabulaciรณn para que ningรบn consejero del INE gane mรกs que el presidente de la Repรบblica y se insta al instituto a eliminar los fideicomisos que le permitรญan retener recursos pรบblicos previstos para sus trabajadores. Ademรกs, los partidos podrรกn guardar los remanentes de recursos, ya sean pรบblicos o privados, que no utilicen en un aรฑo para el periodo siguiente, en lugar de estar obligados a devolverlos a la Tesorerรญa de la Federaciรณn. Sin embargo, el supuesto ahorro que propone el Gobierno puede quedar mitigado por los gastos que tendrรกn que hacer para pagar las indemnizaciones de todas aquellas personas que ocupan los puestos que serรกn eliminados.